Ajuste al cinturón: 93 mil jubilados bajo la lupa de la nueva reforma
La austeridad republicana ha llegado a los niveles más altos de las jubilaciones en México. Con la publicación de la reforma contra las “pensiones doradas”, el Gobierno Federal busca mitigar la brecha salarial en el retiro, estableciendo que nadie que haya servido al Estado pueda recibir una suma desproporcionada en comparación con el salario presidencial vigente.
Según refiere una publicación de El Financiero, esta reforma constitucional no ha sido bien recibida por todos, pues se estima que alrededor de 93 mil jubilados enfrentarán recortes severos. En algunos casos, la disminución de sus ingresos mensuales podría llegar hasta un impactante 60 por ciento, lo que ha encendido las alarmas en diversos sindicatos y asociaciones.
El ajuste responde a un cambio en el artículo 127 de la Constitución, publicado el 10 de abril tras el impulso de la administración de Claudia Sheinbaum. El nuevo tope se fija en el 50 por ciento de lo que gana la Presidenta, lo que deja el límite de percepción en unos 70 mil pesos mensuales, una cifra muy por debajo de lo que percibían algunos altos mandos retirados.
Entre los sectores más golpeados se encuentran exfuncionarios de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También figuran en la lista extrabajadores de Banobras y de la extinta Luz y Fuerza del Centro, quienes contaban con contratos colectivos o condiciones de confianza que permitían pensiones muy superiores al promedio nacional.
La reforma obliga a todos los entes públicos a realizar una revisión profunda de sus disposiciones jurídicas para alinearlas con el nuevo parámetro constitucional. Esto implica que los esquemas de retiro previamente pactados deberán modificarse, lo que para muchos representa una violación a sus derechos laborales ya consolidados tras décadas de servicio.
Por todo el país se han registrado protestas y bloqueos por parte de jubilados que exigen la suspensión de la ley. Argumentan que sus pensiones no son “privilegios”, sino el resultado de sus aportaciones y años de trabajo. Sin embargo, la postura oficial es firme: la reforma busca justicia social y el fin de los sueldos y pensiones estratosféricos.
La presidenta Sheinbaum ha aclarado que, aunque los montos se ajusten de ahora en adelante, no se pedirá a los jubilados que devuelvan el dinero recibido anteriormente. Con la batalla legal en el horizonte a través de la presentación de amparos, el futuro de estas “pensiones doradas” quedará en manos de los tribunales en los próximos meses.
