Identifican uso de activos virtuales para el lavado de dinero del fentanilo
Los métodos de financiamiento del Cártel de Sinaloa han evolucionado hacia los mercados digitales, obligando a las autoridades a modernizar sus estrategias de rastreo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un sofisticado esquema que utilizaba tecnología de punta para ocultar las ganancias obtenidas por la venta ilícita de drogas sintéticas en el extranjero.
Según información difundida por El Economista, una de las redes criminales desmanteladas se especializaba en blanquear los recursos provenientes del fentanilo mediante el uso de criptomonedas. La organización delictiva combinaba el uso de activos virtuales con operaciones comerciales legítimas de comercio exterior para dispersar el dinero sin levantar sospechas.
El cerebro detrás de este moderno sistema de lavado de dinero era Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien asumió esta responsabilidad dentro del Cártel de Sinaloa el año pasado. El imputado tomó el control absoluto de estas operaciones financieras tras el homicidio de su predecesor, el operador criminal Mario Alberto Jiménez Castro.
La dinámica delictiva consistía en recolectar masivamente el dinero en efectivo obtenido por las ventas de droga en las calles de los Estados Unidos. Posteriormente, Ojeda Avilés coordinaba la conversión de esos dólares a distintas criptomonedas para transferir los fondos de manera inmediata y anónima hacia las cuentas en México.
La OFAC estadounidense detalló que la estructura de Ojeda Avilés no solo operaba de forma virtual, sino que contaba con mensajeros en la Unión Americana y proveedores de estupefacientes en México. Además de blanquear el capital, este personaje supervisaba de forma directa los cargamentos de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia el mercado norteamericano.
Ante el hallazgo de estas actividades virtuales, la UIF congeló los activos de 12 personas y dos empresas asociadas al grupo criminal. Las autoridades mexicanas mantienen abiertas las investigaciones financieras para determinar si existen instituciones bancarias o plataformas de intercambio digital locales involucrados en el fraude.
