El sector privado toma las riendas ante la inacción oficial
En un movimiento inusual, los gigantes de la telefonía móvil como AT&T, Telcel, Movistar y Altán Redes, agrupados en la Anatel, han decidido liderar su propia campaña de registro. Esta determinación surge tras dos meses de diálogos infructuosos con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Los operadores acusan a la autoridad de un “desgaste” innecesario y de no cumplir con su promesa de encabezar la comunicación oficial.
La molestia en la industria es evidente. Fuentes cercanas al sector aseguran que la CRT ha postergado el lanzamiento de una campaña informativa masiva, lo que ha dejado a las empresas en una posición vulnerable. Al ser los operadores quienes enfrentan las sanciones y la posible pérdida de clientes, han optado por utilizar sus propias plataformas digitales y redes sociales para invitar al registro masivo.
El desafío logístico es enorme, considerando que el plazo otorgado inicialmente para adecuar los sistemas tecnológicos fue de apenas 30 días naturales. Desde el primer minuto del 9 de enero de 2026, las compañías debieron estar listas para procesar millones de datos. Ahora, a escasos 75 días de que venza el plazo legal, la presión es máxima tanto para las empresas como para los consumidores.
Un punto crítico que preocupa a la Anatel y la AMOMVAC es la desinformación. Han detectado que diversos influencers en redes sociales, especialmente en plataformas como YouTube, están promoviendo campañas en contra del registro. Estas posturas invitan a los ciudadanos a ignorar la ley, lo cual genera un “eco” que contrarresta los esfuerzos de la industria y aumenta el riesgo de desconexión masiva.
Las estadísticas más recientes de la CRT, divulgadas en marzo, indicaban que solo el 15% del mercado móvil total había sido validado. Aunque se estima que hay cerca de 50 millones de líneas en modalidad de pospago que ya cuentan con identidad registrada, el grueso de los usuarios de prepago sigue en el limbo legal. La falta de una respuesta coordinada entre autoridad e industria ha agravado el problema.
La meta final es llegar al 30 de junio con la mayor cantidad de usuarios inscritos. Las empresas recalcan que el objetivo no es solo cumplir con la ley, sino evitar que “México se desconecte”. La unión de los operadores es, en última instancia, una medida de supervivencia ante unos lineamientos que, según fuentes del sector, no fueron bien planificados desde su origen en diciembre de 2025.
