Opacidad guinda: El preocupante precedente de esconder las decisiones del INE
La transparencia en la vida pública mexicana parece estar sufriendo una preocupante metamorfosis, pasando de ser una obligación constitucional a convertirse en una molesta prerrogativa que los grupos en el poder buscan evadir. El ejemplo más reciente e inquietante ha ocurrido en la Cámara de Diputados, donde se ha determinado esconder por un plazo de cinco años toda la documentación sobre cómo se eligió a los nuevos guardianes de nuestra democracia en el INE.
De acuerdo con las crónicas periodísticas de El Excélsior, la decisión se tomó en fast track dentro del Comité de Transparencia de la Cámara baja, contando con el respaldo absoluto de los funcionarios identificados con el grupo parlamentario de Morena. El hecho provocó que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, rompiera las formas tradicionales de la diplomacia legislativa para denunciar públicamente este atropello a los derechos ciudadanos.
La diputada panista expuso con claridad meridiana que la opacidad institucional aleja a la ciudadanía de los asuntos públicos y siembra dudas legítimas sobre la honestidad de los gobernantes. Sostuvo que un país justo y democrático requiere por fuerza que los procesos de asignación de cargos de tan alto nivel se realicen en cajas de cristal, permitiendo que cualquier persona interesada pueda constatar la idoneidad de los perfiles elegidos.
Para dejar constancia histórica de su rechazo, la presidenta instruyó al secretario técnico de la Mesa Directiva, Gustavo Flores Gutiérrez, a dar lectura a un duro documento de inconformidad ante el Comité. Flores Gutiérrez fijó con firmeza la posición de la diputada Kenia López, objetando la intención de catalogar como reservada e inaccesible la totalidad de la información recopilada, evaluada y resguardada del proceso finalizado en abril.
La argumentación de López Rabadán recordaba que la fiscalización social de las decisiones gubernamentales es un mecanismo preventivo contra la corrupción y el influyentismo. Defendió que el libre acceso a la información no busca descarrilar administraciones ni perseguir políticamente a nadie, sino asegurar que los procesos públicos se apeguen estrictamente a los márgenes legales y respeten las garantías de equidad de los participantes.
Lamentablemente, el llamado a la cordura democrática fue asfixiado por los votos de la mayoría oficialista del comité. Al imponer la reserva de cinco años, Morena blinda de toda auditoría un relevo del INE que fue severamente cuestionado por académicos e investigadores debido a la falta de justificaciones claras en la integración de las quintetas de finalistas y a las escandalosas versiones que apuntaban a la filtración previa del examen a perfiles afines a la cúpula estatal.
El cerrojo administrativo fue ejecutado por Aliza Klip Moshinsky, Hugo Christian Rosas de León, Ileana Hidalgo Rioja, Andrés Lozano y Adolfo Román Montero. La cercanía laboral y política de estos funcionarios con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, deja en claro que el acuerdo de reserva no obedeció a un criterio técnico-jurídico, sino a una estricta y pragmática orden política de partido.
