Tribunal Electoral decidirá futuro de la fiscalización en el INE
La Sala Superior del TEPJF ha recibido una demanda que podría cambiar el rumbo de la administración interna del INE. El conflicto surge por la designación de Mario Alberto Alejo García en una de las oficinas más sensibles del instituto. La queja formal fue presentada el pasado viernes, buscando restablecer lo que los consejeros consideran la legalidad perdida en los procesos de selección.
Según los datos de La Silla Rota, el recurso fue impulsado por los consejeros Carla Humphrey, Martín Faz y Arturo Castillo. Ellos argumentan que el oficio firmado por Guadalupe Taddei el 22 de abril es “contrario a derecho”, ya que el candidato seleccionado presuntamente no satisface los requisitos legales establecidos para un cargo de tal relevancia técnica.
La figura jurídica utilizada es la de “demanda de juicio general”, un mecanismo que permite revisar actos administrativos cuando existen dudas fundadas sobre violaciones a la legalidad electoral. Los consejeros sostienen que la integración de áreas técnicas clave no debe ser una decisión unilateral, sino un proceso que respete los lineamientos institucionales previos.
Esta pugna ocurre en medio de un reacomodo mayor dentro de la estructura operativa del INE. Desde la llegada de la nueva presidencia, se han realizado diversos ajustes en perfiles técnicos y administrativos. Sin embargo, el área de fiscalización es considerada “la joya de la corona”, pues de ella depende la sanción a los partidos que exceden sus gastos de campaña.
Más allá del cumplimiento de los requisitos mínimos de ley, el trasfondo es marcadamente político: se disputa quién controla las decisiones internas y cómo se ejerce el poder dentro del instituto. La crítica principal apunta a que el funcionamiento del organismo ha dejado de ser verdaderamente colegiado para dar paso a designaciones directas.
A medida que el TEPJF analice las pruebas presentadas por los consejeros inconformes, la tensión en el INE seguirá en aumento. Este capítulo es solo uno de los muchos desafíos que enfrenta Guadalupe Taddei en su intento por consolidar una estructura operativa propia rumbo a los procesos electorales que se avecinan en el 2026.
