Austeridad y paridad de género, el enfoque del Plan B
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, las reformas constitucionales que buscan fortalecer la austeridad republicana y reducir privilegios en el poder público. Con 343 votos a favor, el Pleno avaló ajustar el funcionamiento de los entes públicos y establecer límites presupuestarios estrictos. Tras su aprobación, la minuta fue remitida a los congresos de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales correspondientes.
La reforma precisa que los recursos económicos derivados de la reducción de regidurías y techos presupuestales deberán ser destinados a fines de interés social. En un comunicado de la Cámara de Diputados, detalla que bajo el nuevo esquema del artículo 115, los municipios verán reducida su estructura de regidores a un tope de quince integrantes. Esta medida asegura la paridad de género y promueve una administración municipal más eficiente y menos costosa para el erario público.
Por otra parte, el artículo 116 impone un candado presupuestario a las legislaturas estatales para que su gasto operativo sea limitado. El presupuesto anual de estos órganos no deberá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto estatal de egresos. Esta disposición permitirá una implementación progresiva que obligará a los congresos locales a ajustar sus finanzas, garantizando siempre el respeto a la igualdad sustantiva en su integración.
En el ámbito electoral, la reforma al artículo 134 prohíbe el uso de fondos públicos para el pago de seguros de gastos médicos privados o seguros de separación individualizados. El límite salarial establecido en el artículo 127 constitucional será el referente máximo para las remuneraciones de consejeros y magistrados. Con esto se busca homologar los ingresos de la alta burocracia electoral con los principios de justicia salarial que rigen al Ejecutivo.
Tras una jornada de debate donde se desecharon diversas reservas parlamentarias, el dictamen quedó ratificado en sus términos originales. La Cámara de Diputados subrayó que estas medidas refuerzan los mecanismos de control democrático en todo el país. El ahorro generado se convertirá en una herramienta para financiar programas de impacto social, transformando la gestión pública en los tres niveles de gobierno.
